Como todas las leyes confeccionadas “a medida” la actual Ley de Partidos adolece de una tendenciosidad evidente. Aunque ha sido aplicada, anecdóticamente, para disolver a algún que otro grupúsculo de ultraderecha, su objetivo claro y conciso es condenar al ostracismo a la llamada Izquierda Abertzale. Su aplicación ha sido siempre borrascosa y ha demostrado hasta la saciedad las verguenzas de nuestra actual “democracia”.
Resulta bochornoso constatar cómo partidos con unos antecedentes tan sospechosos como PP y PSOE se adjudican el derecho a determinar quién es y quién no demócrata…
Esta misma ley, en las manos adecuadas, podría llevar a la ilegalización de ambos partidos mayoritarios. ¿Las razones?
Resulta evidente que el PP, heredero directo de la Alianza Popular de los Siete Magníficos, es heredera directa del franquismo y no hay más que ver cómo en ella pululan los apellidos de ministros y adláteres de la dictadura. Manuel Fraga es el testimonio directo de la continuidad franquista, aunque superado por la derecha por otros como Mayor Oreja o Esperanza Aguirre. Como es sabido el PP nunca ha condenado específicamente los crímenes del franquismo ni su método violento de acceso al poder. Al contrario, son frecuentes las declaraciones de líderes populares elogiando la calma y tranquilidad que, según ellos, ofrecía la dictadura del general Franco. Abunda en esta conducta su negativa reiterada a que sean juzgados dichos crímenes, lo que evidencia un aval o encubrimiento de la misma.
En cuanto al PSOE, por no remontarnos al pasado, hay que recordar su no tan lejano apoyo orgánico a un grupo terrorista juzgado y condenado por sus delitos, el GAL. No hace muchos meses el ex-presidente González reconocía directamente su implicación en aquellos hechos y de cómo tuvo en sus manos la posibilidad de eliminar la cúpula de ETA.
Un PP radicalizado a la derecha podría llegar a ilegalizar al PSOE (no digamos al resto de los partidos) aplicando el famoso artículo 9 de la Ley de Partidos.
De momento la utilidad de dicha ley es la de impedir la libre expresión del voto vasco y, de rondón, la permanencia en la lehendakaritza de un gobierno españolista PP-PSOE. En este caso concreto estamos ante la demostración palmaria de que el PP y el PSOE, en esto como en casi todo, se ladran, pero no se muerden.
Antonio Ruiz Vega
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